Esclarecedor artículo de Pagni

Compiten para ver quién viola más la ley
Carlos Pagni
LA NACION


Desde que el kirchnerismo perdió la mayoría en el Congreso, la política argentina se ha vuelto incomprensible para los que no cursaron Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho.

Quien ignore cómo se ordinariza un proceso, qué mayorías exige la Constitución para derogar la asignación específica de un impuesto, en qué se diferencian el veto de la promulgación parcial de una ley o qué recursos tiene un funcionario para no ejecutar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) sin incurrir en el delito de incumplimiento de sus funciones, mejor que no comience con la novela porque se perderá en el primer capítulo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, le devolvió ayer una ley -la del impuesto al cheque- al presidente del Senado, Julio Cobos, que inmediatamente se la volvió a mandar. La dirigencia ha profundizado su contradicción hasta los cimientos: ya ni se puede acordar lo que dicen las normas. La crisis política argentina es hoy una crisis institucional. La raíz del problema está en la forma en que la Presidenta y su esposo interpretaron la derrota del 28 de junio pasado. Ellos no creen que la ciudadanía sea autónoma cuando hace un balance negativo de su gestión. Ocurrió otra cosa: una conspiración orquestada en la cabeza de la gente por parte de corporaciones que, con la prensa como nave insignia, buscan abortar una democratización de por sí exitosa. En consecuencia, quienes triunfaron carecen, en el fondo, de legitimidad. Así, en vez de acordar una agenda parlamentaria con quienes les ganaron, los Kirchner operan como si los comicios hubieran ratificado su política. El avance sobre los medios, la reforma del sistema electoral, la apropiación de las reservas del Banco Central, el aumento exorbitante del gasto y las estatizaciones con que fantasean algunos funcionarios -¿Telecom?, ¿una fracción de YPF?- responden más al talante de una administración recién llegada que al de una que acaba de ser vencida.

La creencia de que el triunfo opositor es hijo de una patraña alimenta un comportamiento legislativo. Si los títulos del adversario son defectuosos, sólo cabe obstruirlo. A este fin se dirigen la emisión sistemática de DNU, el retaceo del quórum y la amenaza del veto de las leyes que se juzgan inconvenientes.

Esta conducta del Gobierno desnuda una peculiaridad principal del sistema político: el oficialismo que quiera ignorar, en la práctica, que está en minoría en las cámaras cuenta con numerosos instrumentos legales para hacerlo. Es decir, para la institucionalidad argentina, el presidente sigue siendo -valga la expresión bolivariana- un rey sin corona. El problema no es, entonces, que los Kirchner tengan ensoñaciones monárquicas -que las tienen, sino que la Constitución les permite concretarlas. Es curioso que muchos profesionales de la política hayan quedado perplejos ante este dato recién con la creación del Fondo del Bicentenario.

Con el cambio de reglamentación para los DNU, ayer, en Diputados, los adversarios del Gobierno intentaron corregir esta evidencia: al incorporar esos decretos, la Constitución del 94 entregó a los presidentes, por un plazo por determinar, facultades legislativas extraordinarias, salvo en temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos.

El empeño opositor no choca contra los Kirchner, sino contra la Constitución. Acotar de manera eficiente los DNU se parece mucho a eliminarlos. El dictamen de anoche establece, por ejemplo, que el Congreso puede no sólo rechazar sino también anular un DNU. Es decir, disolver de manera retroactiva el vínculo jurídico creado por él. Esta cláusula introduce un problema práctico delicado. Un ejemplo: ¿qué empresa va a contratar con un Estado que, ante una catástrofe natural, compra bienes sin licitación o concurso, si presume que una mayoría circunstancial puede anular el marco jurídico de la operación sin que medie pleito judicial alguno? Hay otro problema, de principio: ¿qué capacidad tienen los legisladores para declarar nula una obligación o un derecho? La mayoría de los constitucionalistas no concede esa atribución ni siquiera a los jueces. Ahora bien, si las cámaras no pueden anular un DNU -como prevé la reglamentación actual-, quiere decir que las decisiones del presidente tienen fuerza de ley entre la promulgación del decreto y su aprobación por el Congreso. Como es así, la oposición se propone acotar ese período a 60 días.

Los rivales de los Kirchner descubrieron ayer que Cristina Kirchner podría escapar del grillete que le quieren imponer con la llave del veto. De allí que, a pedido de Margarita Stolbizer, introdujeran una cláusula insólita: "Esta ley no podrá ser vetada" (artículo 19). Pero ¿cómo remover una facultad constitucional por ley?

He aquí otra nota distintiva del momento político. La oposición, desesperada por mostrarle al electorado que es capaz de cumplir su mandato limitando al poderoso, juega en el borde externo de la legalidad. Modifica impuestos con mayorías dudosas, intenta anular lazos jurídicos con retroactividad o reforma la Constitución sin gozar del poder constituyente.

Este comportamiento está, sin querer, incentivado por el Gobierno. Es muy posible que la oposición se vuelva maximalista porque está segura de que sus decisiones serán esterilizadas. ¿O los adversarios de Cristina Kirchner serían igual de audaces, con los DNU o con el impuesto al cheque, si ella no hubiera anticipado que vetará lo que decidan?