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domingo, febrero 14, 2010

Editorial de La Nación

El cambio de régimen al que se está sometiendo a la política monetaria en el país promete convertir casi en una anécdota la creación del controvertido Fondo del Bicentenario. Esa iniciativa resultó ser, a estas alturas, el primer paso de un avance mucho más amplio, audaz y riesgoso sobre el Banco Central, que incluye el reemplazo de su titular, un proyecto de reforma de su Carta Orgánica y un nuevo signo conceptual para la administración de la política monetaria, cambiaria y bancaria. En las últimas semanas la opinión pública, sobre todo la especializada, se ha visto agitada por un debate sobre el significado que entrañan estas innovaciones para la marcha de la economía.

Hay otra dimensión de este proceso que quedó menos expuesta, y es que con él el Gobierno está consumando el vaciamiento y la desnaturalización de otro organismo del Estado, entre cuyas misiones, además de preservar el valor de nuestra moneda, está el control de un mercado tan crucial como el de las finanzas. En otras palabras, la embestida contra el Banco Central y la reducción de lo poco que quedaba de su autonomía se incorporan a una lamentable serie de avasallamientos que el kirchnerismo consuma sobre otros institutos de fiscalización y control.

El Banco Central tiene dos funciones principales. Por un lado, administra la emisión de moneda y las equivalencias cambiarias para resguardar a la sociedad de la inflación. Por otro, supervisa el sistema financiero, a través de su Superintendencia de Bancos. El carácter estratégico y, a la vez, técnico de esos cometidos obliga a dotar a esa institución de personal muy calificado. También hace aconsejable que esos funcionarios disfruten de un alto grado de autonomía para que cuestiones tan sensibles como el valor de la moneda o el monitoreo de las entidades de crédito no queden a merced de las urgencias de corto plazo del poder político de turno.

La Presidenta ha resuelto derribar ese paradigma, que ya funcionaba de manera muy defectuosa entre nosotros. Tal actitud no debería, tal vez, sorprender. En la Argentina de estos últimos años, el progresivo avasallamiento de las instituciones se ha vuelto una rutina. Lo que está sucediendo en el Banco Central reproduce demoliciones anteriores en otros organismos de control. Todo empezó incipientemente en 2003 con la Sigen, órgano de control interno de los gastos de la administración, donde en la gestión de los Kirchner se designó síndica general adjunta a la esposa del ministro De Vido. Luego, siguió con la Oficina Anticorrupción, que tras el fallecimiento de su hasta entonces titular, el doctor Abel Fleitas Ortiz de Rozas - había impulsado una serie de denuncias para evitar que prescribieran-, pasó a constituirse en una entidad intrascendente desde la designación de su actual titular, el doctor Julio Vitobello. Más recientemente, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas quedó esterilizada para investigar a los principales actores del Gobierno, lo que llevó a la renuncia de su anterior titular, Manuel Garrido, quien había pesquisado numerosos casos sospechosos de corrupción, entre ellos, el extraordinario acrecentamiento patrimonial del matrimonio Kirchner. La neutralización de esa fiscalía fue exitosa: en diciembre pasado, el sucesor de Garrido, Eduardo Noailles, desistió de apelar el sobreseimiento del juez Norberto Oyarbide a la Presidenta y su esposo, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Adicionalmente, cabe recordar que la Comisión Nacional de Etica Pública, creada durante la gestión del doctor Fernando de la Rúa, como organismo de aplicación de la ley de ética pública, no ha sido constituida luego de más de diez años.

Pero lo que es aún más grave es que el relajamiento de los controles no sólo se dirige a exculpar al poder y sus amigos, sino que también sirve para perseguir "al enemigo". La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por ejemplo, también perdió su independencia profesional y quedó subordinada al humor de la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Allí se designó a uno de los centuriones del matrimonio Kirchner, Ricardo Echegaray, acusado por sus colaboradores directos de ordenar operativos intencionales sobre productores agropecuarios y sobre medios independientes. Echegaray sigue además influyendo sobre el organismo que conducía antes de llegar a la AFIP, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), señalada por la persecución a productores del campo y por el favoritismo hacia algunas empresas en la caprichosa distribución de subsidios.

La Auditoría General de la Nación (AGN) fue puesta también en el límite de la parálisis. Al crearla, los constituyentes de 1994 previeron que estuviera en manos de la oposición. Pero de esa intención sólo queda un vestigio: si bien el auditor general fue propuesto por la segunda minoría del Congreso, la UCR, sus atribuciones concretas fueron acotadas al extremo por los representantes del oficialismo en el organismo.

Ultimamente, y dentro de la desembozada campaña emprendida contra medios de comunicación para cuya ejecución no se ha vacilado en arbitrar todo tipo de mecanismos que ponen en grave riesgo la libertad de expresión del conjunto de los medios audiovisuales y gráficos independientes, se ha removido al último titular de la Sigen, por no querer acompañar ciegamente la campaña persecutoria del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, mientras que la Comisión Nacional de Valores (CVN), encargada de velar por la transparencia del mercado de títulos y acciones y de proteger a los inversores, actúa atada a los mismos objetivos de facción del kirchnerismo. Es así como su anterior titular, Eduardo Hecker, renunció para no cumplir con las instrucciones del inefable secretario de Comercio, quien ordenó que ese delicado organismo debía convertirse en un dispositivo más del hostigamiento oficial a la empresa Papel Prensa. Moreno consiguió ahora alinear a la CNV con la designación de Alejandro Vanoli como presidente.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es otro órgano regulatorio del que el Gobierno se ha venido sirviendo para intervenir abusivamente en la vida interna de las empresas. En algunos casos, para determinar quiénes deben ser los propietarios de las compañías, como ocurrió con la transportista de electricidad Transener, y como está sucediendo con Telecom Argentina, donde se pretende sustituir a Telecom Italia por empresarios locales afines al poder. La demora en poner en funcionamiento el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, creado por ley hace ya más de diez años y encargado de controlar estas operaciones, le permite al secretario Moreno ejercer discrecionalmente las funciones que deberían estar a cargo de un organismo imparcial e independiente, lo que ha motivado una dura crítica en un reciente fallo dictado por la Cámara en lo Penal Económico, que dejó sin efecto una de las tantas cuestionables medidas tomadas por Moreno contra la empresa Telecom.

La depredación de estas agencias de control es la demostración parcial de una deformación más amplia: la expansión del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes de la Constitución. El Congreso, que es un órgano de control por excelencia, se ha transformado, para una infinidad de materias, en un mero órgano de delegación. En este sentido, cabe recordar que después de más de dieciséis años de entrada en vigor de la reforma constitucional del año 1994, no se ha dictado aún la ley por la cual debió haberse establecido cuáles de las normas que establecen delegaciones a favor del Poder Ejecutivo permanecerían vigentes y cuáles no, prorrogándose una y otra vez el plazo para que todas las delegaciones no ratificadas devengan caducas. Finalmente, y en un caso paradójico, la ley que reglamentó la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo, con el aparente fin de limitarlos y controlarlos, terminó subvirtiendo el equilibrio constitucional entre los poderes, al establecer que basta que una de las dos cámaras del Congreso ratifique la vigencia de un DNU para que éste quede convalidado. Esto último equivale, en otras palabras, a que controlando una sola Cámara, el Gobierno pueda legislar a su antojo.

Por último, el denunciado avasallamiento institucional se extiende a la Justicia, sobre todo la del fuero penal federal, encargado de sancionar las inconductas de los funcionarios, a la que se ha procurado amordazar desde el Poder Ejecutivo, a partir de la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura para, capturado su control, encadenar a los jueces a los movimientos de la política.

Y nada decimos sobre la aberrante y tan cuestionada actuación de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) a la cual nos hemos referido en otras oportunidades desde estas columnas.

Las pruebas son contundentes y están a la vista. El gobierno actual, igual que el que encabezó Néstor Kirchner, ha sido fóbico a todo tipo de monitoreo en el control de sus actos. Otra de las claras demostraciones de esa retracción ha sido la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, presentada como una manifestación de soberanía nacional, pero dirigida, en los hechos, a fraguar las estadísticas, perjudicar a nuestros acreedores y desfigurar la contabilidad oficial.

Sin embargo, hay una fiscalización, mucho más incómoda, de la que el Gobierno pretende sustraerse: la de la opinión pública. El sometimiento de los organismos de control forma parte de una expansión de los que mandan, que culmina en el intento de controlar el juicio crítico de la ciudadanía a través del vasallaje de la prensa.

Un mismo hilo, cada vez más visible, enlaza la inutilización de la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la manipulación capciosa de la AFIP y la Oncca, el acorralamiento a la Auditoría General de la Nación, el uso faccioso de la Comisión de Defensa de la Competencia, de la Comisión Nacional de Valores y la Sigen, y los ataques al Parlamento, la Justicia y el periodismo independiente; es vocación de la Presidenta y de su esposo avanzar tejiendo con dicho hilo conductor a fin de hacer prevalecer sus deseos sin limitaciones. Es comprensible que así sea, ya que el objetivo último de destrucción de ese complejo sistema de controles es que, donde antes reinaba la ley, ahora sólo reine la voluntad de una o dos personas.

La tendencia a personalizar el poder hasta el extremo opresivo del caudillismo no sólo hace retroceder la frontera de nuestra cultura política. También le impone a la sociedad argentina una dolorosa involución en su nivel de vida. Los Estados modernos vuelcan enormes esfuerzos en mejorar su organización para garantizar la calidad de la administración y la transparencia de los mercados. La autonomía de esas oficinas, la idoneidad técnica de sus responsables, la consagración del mérito como motor de las carreras profesionales, la escrupulosidad de los procedimientos, son todos orientadores principales de las corrientes de inversión. Los gobiernos argentinos no se han empeñado, a lo largo de las últimas décadas, en poner al país a la altura de la civilización en este campo. Los Kirchner, además, hicieron mucho por arrasar con lo poco que se había construido. Los resultados están a la vista: más corrupción, más aislamiento, más pobreza.

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