Sencillez para explicar la crisis cubana

Del blog cubano Dimas


Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice uno de esos refranes cargados de sabiduría popular. Está fehacientemente demostrado, antes y ahora, en Cuba y en el resto del planeta, que cuando a la economía se le priva de su autonomía, se subordina al voluntarismo y se ignoran sus leyes, la misma queda condenada al estancamiento y la involución. Por ello, entre la toma de conciencia, las declaraciones y la solución, se interpone la introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, la elevación de los salarios en correspondencia con el costo de la vida y el derecho de los que hacen producir la tierra a poseerla en propiedad. Mecanismos sin los cuales es imposible la identificación, el arraigo, la cultura de pertenencia de los ciudadanos y el interés por los resultados productivos.
La no implementación de esas medidas, por razones ajenas a las necesidades de la población, ha conducido a un estado de desinterés generalizado y al aumento de la lucha, pues una gran parte de los ciudadanos, desposeídos e impedidos de recibir en dependencia de sus aportes y/o de ser propietarios, han optado por subsistir mediante ilegalidades, engaños, robos, mendicidad y apropiación de la propiedad estatal, con el consiguiente perjuicio productivo y el deterioro ético.
La injustificada demora en introducir los cambios estructurales que la agricultura demanda, explica el por qué la economía cubana, además de no haber recuperado el nivel que tenía antes de 1989, tiene que comprar azúcar en el mercado exterior, pues la otrora potente industria azucarera produce ahora menos que hace un siglo atrás.
En ese estado de deterioro, de indefinición y de crisis profunda, los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike, al dañar aproximadamente al 30% de los cultivos, empeoraron la insostenible situación existente, pero no constituyen la verdadera y principal causa del actual desabastecimiento agropecuario; el cual radica, antes y ahora, en el sostenimiento de un modelo irracional e improductivo.
Es cierto que a lo largo de nuestra historia, ningún gobierno –con independencia de que el actual sea corresponsable de lo que sucede– enfrentó condiciones tan difíciles como las actuales: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético. Precisamente por esas razones la voluntad para emprender los cambios tenía que imponerse por sobre cualquier razón política, ideológica, o de otro orden.
Con décadas de atraso y en medio de los efectos de los huracanes se pusieron en vigor el Decreto Ley 259 y el Decreto 282 para la entrega de tierras ociosas en usufructo. Dos instrumentos legales que padecen del mismo defecto de la política anterior. Resulta que a la vez que se reconoce la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra –en los últimos nueve años el área cultivable se redujo en una tercera parte–, la nueva legislación impide que los productores, capaces de hacerla producir, puedan ser propietarios; mientras el Estado, responsable de la insuficiencia productiva, conserva el derecho a la propiedad.