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viernes, abril 11, 2008

De Carlos Ball, periodista venezolano emigrado a EEUU hace veinte años

El termómetro de nuestros recientes y actuales quebrantos estatistas, a la vez que el más confiable indicador del bienestar y el crecimiento económico latinoamericanos, o, por el contrario, del aumento de la corrupción, el hambre y la miseria, es el grado de libertad de mercado de que gozan nuestros países. Es decir, el nivel o cantidad de trabas burocráticas, permisos, aranceles, licencias, autorizaciones, cuotas, regulaciones, concesiones, franquicias, colegiaturas, sindicatos únicos y demás artificios con que los funcionarios públicos discriminan en contra del pueblo, impidiendo el libre acceso tanto al trabajo como al mercado y despojando a las gentes de su más importante derecho civil, el de ganarse la vida haciendo lo que más les gusta, lo cual suele también ser lo que mejor hacen.
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No hay duda de que los ciudadanos disfrutamos de nuestra libertad política en importantes –pero contadas– ocasiones: elegimos a nuestros alcaldes, congresistas y presidentes cada cierto número de años; pero la libertad económica la ejercemos en infinidad de ocasiones y todos los días. La incongruencia de la filosofía política que prevalece en gran parte de América Latina radica en el hecho de que nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho de y estamos capacitados para elegir a los gobernantes y legisladores, pero ellos, una vez encaramados al poder, son quienes determinan lo que podemos hacer o no con nuestras vidas y propiedades, por lo que con inusitada frecuencia utilizan la excusa del bien común para aplastar nuestra libertad y nuestros derechos civiles.

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La educación pública promueve la idea de que la libertad es un valor perfectamente divisible y de que lo importante es la libertad política, mientras que la económica es algo que desean solamente los ricos y los empresarios, para que los bondadosos funcionarios públicos se vean imposibilitados de proteger al pueblo. Hoy es grato ver a los universitarios venezolanos abanderando la lucha por la libertad de expresión, manifestándose ardorosamente contra las políticas y atropellos del Gobierno, pero por varias décadas la educación primaria, media y universitaria estuvo básicamente regida por intelectuales de izquierda que creen firmemente que el futuro de la nación depende de que el poder político y económico esté cada vez más concentrado en sus clarividentes líderes, de que quienes saben lo que más conviene a las masas puedan darse a la ingeniería social sin cortapisas. Se trata de gente que siente un profundo desprecio por los conceptos de libertad individual, igualdad ante la ley, propiedad privada y libre mercado.

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Nuestra clase política y nuestros intelectuales suelen culpar a Estados Unidos de los males que afectan a América Latina. Desde el fin de la Segunda Guerra hasta los años 80 prevaleció en gran parte de la región la llamada teoría de la dependencia, promovida por la Cepal y, especialmente, por su director desde 1948 hasta 1962, el economista argentino Raúl Presbich, un abanderado del proteccionismo que definía el intercambio comercial como la explotación de los países pobres por parte de los países ricos, que nos exportaban productos manufacturados caros a cambio de materias primas baratas. El supuesto remedio fue la sustitución de importaciones: se impusieron permisos, licencias de importación, altos aranceles y cuotas para proteger a la industria nacional, que recibía abundante y barato financiamiento de los bancos estatales. Claro que, sin competencia extranjera, el mercado nacional tiende a la concentración y a los monopolios. Así, vimos aparecer a millonarios mercantilistas que rápidamente se dieron cuenta de que es mucho más fácil y remunerador convencer a un ministro o a unos pocos funcionarios encargados de fijar precios y repartir subsidios que a cientos de miles de consumidores, empeñados en obtener óptima calidad a precios bajos.

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El llamado neoliberalismo latinoamericano hizo bastante daño y causó mucha confusión. (Por lo que hace a Estados Unidos, la izquierda se ha apoderado ya hace mucho del término liberal, ilustre vocablo de origen castellano que siempre fue antónimo de servil). Pero el verdadero liberalismo no ha cambiado demasiado desde el siglo XVIII: el individuo es la fuente de sus propios valores morales; el libre intercambio entre individuos optimiza la eficiencia y la libertad; el mercado es un orden espontáneo para el mejor aprovechamiento de unos recursos escasos; el libre intercambio entre naciones maximiza la riqueza a través de la división internacional del trabajo, al mismo tiempo que reduce las tensiones políticas y la intolerancia nacionalista; las funciones del Gobierno están estrictamente limitadas a lo que los individuos no pueden hacer por sí mismos: velar por la defensa nacional, mantener el Estado de Derecho para la protección de los individuos y de las propiedades de éstos garantizando el cumplimiento de los contratos libremente acordados y promulgando leyes claras y constantes aplicables a todos por igual, emitir una moneda estable y confiable que estimule el ahorro y el esfuerzo individual... Para evitar confusiones, los liberales clásicos de hoy se suelen llamar libertarios.

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El problema latinoamericano es profundo y difícil de combatir, porque las principales trabas al bienestar y a la prosperidad forman parte de nuestras instituciones: nuestros Gobiernos, nuestras leyes y Constituciones, nuestros sistemas judiciales politizados, nuestros sistemas de educación pública, que a lo largo de varias generaciones han deformado la manera de pensar de la ciudadanía... Lejos de promover la responsabilidad individual, la propaganda política que se introduce en la educación pública enseña a los niños que el Gobierno es el tío rico y bondadoso que siempre estará allí para ayudarles, cuidarles y posibilitarles la felicidad. El problema, claro está, es que el Gobierno sólo puede darme a mí lo que antes le quitó a usted.

(Leer artículo completo en La Ilustración LIberal)

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