La claridad de Miriam Celaya: el aumento de la represión en Cuba

Represión: cantera de disidencia


Tras la clausura del VI Congreso del Partido Comunista, que dejara oficialmente aprobado el estancamiento del sistema y burlara las aspiraciones de cambios de grandes sectores sociales, incluyendo sectores oficialistas, el único punto de la agenda oficial que parece estarse cumpliendo a cabalidad es la represión de los grupos alternativos que han venido marcando un crecimiento significativo en los últimos años.

Durante el mes de abril y en los días transcurridos hasta hoy, hemos asistido a un marcado recrudecimiento de las acciones de hostigamiento, detenciones, intimidaciones, allanamiento de viviendas, decomisos y amenazas contra miembros de la disidencia, tanto de partidos opositores como de representantes de la sociedad civil independiente, en una escalada represiva que incluso provocó la muerte de un ciudadano, Juan Wilfredo Soto, el pasado 8 de mayo (Día de las Madres), en la ciudad de Santa Clara, víctima de una brutal golpiza de la policía local.

Reducir a los inconformes y, de paso, reforzar el temor de la población, es la estrategia elegida por el General “reformista”, que pretende establecer sus medidas cosméticas en base a conservar el control más absoluto sobre las acciones y el pensamiento sociales, en un país donde las crispaciones y la ausencia de derechos, largamente conculcados por la dictadura, siguen acumulando ingredientes para un caldo de cultivo propicio a un eventual proceso de manifestaciones ciudadanas. El General quiere instaurar una paz artificial, aunque para sus celosos subordinados –que no se caracterizan exactamente por poseer un elevado coeficiente de inteligencia– ésta sea literalmente la paz de los sepulcros. Es por ello que, con el cinismo que permite la impunidad, los medios de difusión oficiales se apresuraron, con una inhabitual celeridad, a “esclarecer” con su “fortaleza moral”, su propia verdad: el “occiso” (cuyo significado exacto, según el diccionario Aristos, es muerto violentamente) no pasaba de ser “un delincuente” que “cumplió sanción de privación de libertad durante dos años”. En síntesis, desde la perspectiva del régimen, Juan Wilfredo merecía morir; aunque no sería coherente suponer que el linchamiento por patadas a un opositor fuera exactamente la intención del General cuando llamó desde su simulacro de congreso a que los revolucionarios defendiesen las calles.

Simultáneamente, las autoridades están desarrollando también una callada pero sostenida labor de purga dentro de los espacios oficialistas, aplicando medidas extremas ante cualquier sospecha, fundamentalmente en lo relacionado con la utilización de la Internet. En este sentido, la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), ahora controlada completamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, ha llegado al extremo de expulsar de sus puestos de trabajo a jóvenes informáticos, por las absurdamente punibles circunstancias de haberse conectado en alguna ocasión a Facebook, de “usar excesivamente la Internet”, o bajo el pretexto de que los responsables de la seguridad informática “han perdido la pista” de los sitios a los que se han conectado, lo que demuestra que las redes sociales y el acceso a la información constituyen hoy por hoy verdaderas amenazas para el régimen.

Un cuidadoso monitoreo sobre sus empleados, obligados a justificar convincentemente cada minuto de navegación virtual, contribuye colateralmente al establecimiento de un estado de temor permanente en los individuos, que se saben vigilados. Paradójicamente, tal sistema solo consigue sembrar un sentimiento de rechazo al gobierno, debido a que los jóvenes sujetos a semejantes controles perciben con mayor claridad la castración de sus libertades.

En fin, que si la represión física y psicológica es la carta estratégica elegida por el régimen, poco le quedaría por hacer. Es el método más eficaz que pudiera encontrar para contribuir más temprano que tarde a nutrir las filas de la disidencia.