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miércoles, febrero 06, 2008

Informe Anual de Human Right Watch sobre Venezuela (2007)

Eventos de 2007
Después de ganar reiteradamente elecciones y referendos y de sobrevivir un golpe de estado en 2002, el Presidente Hugo Chávez y sus partidarios han buscado consolidarse en el poder debilitando la independencia del poder judicial y la prensa, instituciones esenciales para la protección y promoción de los derechos humanos.

La interferencia estatal en las elecciones de los sindicatos ha debilitado el derecho a la libre asociación. El gobierno no ha logrado afrontar los generalizados abusos policiales, y las condiciones en las prisiones continúan entre las peores del continente. En el 2007, los derechos fundamentales al debido proceso, incluyendo el derecho a un juicio justo, fueron amenazados por propuestas de reforma constitucional, que permitían la suspensión indefinida de estos derechos durante estados de excepción. Las reformas fueron derrotadas en un referendo nacional llevado a cabo en diciembre.

Independencia del sistema judicial
En diciembre del 2004, la Asamblea Nacional de Venezuela le asestó un duro golpe a la independencia judicial, cuando llenó de partidarios el Tribunal Supremo de Justicia, agregando doce nuevos jueces. Una ley aprobada anteriormenteese año amplió la composición de la corte de 20 a 32 integrantes. La ley también le otorgó a la Asamblea Nacional la facultad de despedir jueces del Tribunal Supremo por mayoría simple, en lugar de obteniendo los dos tercios de mayoría requeridos por la Constitución.

Desde la ley de 2004, la comisión judicial del Tribunal Supremo ha despedido a cientos de jueces provisionales y ha otorgado la titularidad a otros mil jueces provisionales.

Libertad de expresión
A pesar de que Venezuela disfruta de un vigoroso debate público sobre temas políticos, un conjunto de leyes aprobadas desde finales de 2004 ha creado peligrosas restricciones sobre los medios de comunicación, que suponen una seria amenaza contra la libertad de expresión. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que entró en vigor en diciembre de 2004, establece detalladas regulaciones del contenido de programas de radio y televisión. Por ejemplo, aquellas estaciones acusadas de “promover o incitar” alteraciones del orden público o publicar mensajes “contrarios a la seguridad de la nación,” están sujetas a multas muy duras y pueden ser obligadas a suspender sus trasmisiones por 72 horas. Los términos más importantes de la ley, como los ya mencionados, son definidos en forma vaga y genérica, invitando a la autoridad a una aplicación políticamente motivada. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puede ordenar “medidas cautelares” que eviten la transmisión de aquellos contenidos que se encuentren prohibidos por la ley.

Los funcionarios gubernamentales han amenazado constantemente a los medios de comunicación con la imposición de sanciones contempladas bajo la Ley de Responsabilidad Social, aunque en efecto, ninguna estación ha sido sancionada hasta ahora por su cobertura de eventos o por expresar sus puntos de vista políticos. Durante las protestas estudiantiles de mayo y junio de 2007, por ejemplo, el Directorio de Responsabilidad Social (la entidad gubernamental que investiga las infracciones a la ley) advirtió a las estaciones sobre la transmisión de mensajes que inciten al odio y al quebrantamiento de la ley, y anunció que el directorio estaba en sesión permanente monitoreando la cobertura de los medios de comunicación sobre las protestas.

El Presidente Chávez ha respondido repetidamente a la cobertura crítica amenazando a los canales de televisión con la pérdida de sus derechos de transmisión tan pronto como expiren sus concesiones. En el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), el mandatario llevó adelante sus amenazas anunciando durante una ceremonia militar transmitida nacionalmente en diciembre de 2006 que RCTV no tendría la renovación de su concesión debido a su apoyo al golpe de 2002. Ni la acusación sobre el supuesto rol del canal en los eventos de abril de 2002 ni la supuesta ruptura de las normas que regulan las transmisiones televisivas fueron jamás probadas en un procedimiento en el cual RCTV haya tenido la oportunidad de ejercer su defensa.

RCTV fue sacada del aire como canal de señal abierta cuando su concesión de 20 años expiró el 27 de mayo de 2007. Varios días antes, en cumplimiento de una orden expedida por el Tribunal Supremo, los militares tomaron control de las instalaciones de transmisión de RCTV en todo el país, permitiendo sin embargo que sean usadas por TVes, un nuevo canal estatal de televisión recientemente creado. Desde entonces, RCTV ha reanudado sus transmisiones como un canal de cable.

La administración por parte del gobierno de las concesiones de radio y televisión carece de transparencia y está fuertemente influenciada por consideraciones políticas. Otras estaciones privadas que han solicitado permiso para extender sus frecuencias y su cobertura ante la autoridad gubernamental de telecomunicaciones, CONATEL, han visto sus solicitudes rechazadas o ignoradas por años, mientras las nuevas estaciones recientemente creadas por el estado, como Vive, Telesur, y TVes, han sido rápidamente aprobadas para acceder a una cobertura nacional.

En marzo de 2005, ciertas modificaciones al Código Penal entraron en vigor, extendiendo el ámbito de las leyes del desacato, e incrementando las penalidades por difamación criminal e injurias. En 2007, por lo menos ocho periodistas enfrentaban cargos por desacato, difamación, injurias y otros delitos relacionados.

En contraste con sus esfuerzos para limitar a los medios privados, el gobierno ha promovido activamente el crecimiento de los medios comunitarios sin fines de lucro, y ha proporcionado un apoyo financiero sustancial a dichos medios. Las regulaciones incluyen salvaguardas para proteger el pluralismo y prevenir la intervención del gobierno o de los partidos políticos en los medios comunitarios. Hasta junio de 2007, más de 270 radios comunitarias y más de 30 medios de televisión comunitaria fueron habilitados y se encontraban operando a lo largo de todo el país, de acuerdo a la propia CONATEL.

Libertad de asociación
Un artículo de la Constitución de 1999 que autoriza a la Comisión Nacional Electoral, (CNE) a organizar las elecciones sindicales, es un serio obstáculo para el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo ha negado frecuentemente a los sindicatos el derecho a representar a sus trabajadores debido a las demoras en la autorización de elecciones.

Asesinatos policiales
Las ejecuciones extrajudiciales en manos de agentes de seguridad continúan siendo un caso frecuente en Venezuela. Miles de ejecuciones extrajudiciales han sido registradas en la última década. La impunidad sigue siendo la norma. Entre enero de 2000 y febrero de 2007, las oficinas del Fiscal General han registrado 6,068 supuestos asesinatos en manos de la policía y la Guardia Nacional. De 1,142 oficiales encausados, sólo 204 han sido sentenciados.

Después de varios asesinatos atroces que implicaban a agentes policiales, el proceso de una reforma policial necesitada hace mucho comenzó en junio del 2006, cuando el entonces ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Después de meses de amplias consultas públicas y debates, en enero de 2007 la comisión publicó sus recomendaciones para la remodelación de las instituciones públicas de seguridad y el fortalecimiento de la supervisión policial. Las reformas, sin embargo, aún no habían sido implementadas cuando se escribió este informe.

Condiciones penitenciarias
Las prisiones de Venezuela se encuentran entre las más violentas de América Latina. El Observatorio Venezolano de Prisiones, un grupo con sede en Caracas que monitorea las condiciones en las prisiones, ha informado de 370 muertes violentas y 781 heridos en prisión en los primeros ocho meses de 2007. Con una tasa de homicidios de más de 20 por 1,000 prisioneros, el riesgo de una muerte violenta es mayor dentro que fuera de los muros de una prisión. Una seguridad débil y la corrupción de los guardias permiten a las pandillas armadas el control efectivo de las prisiones. El hacinamiento, el deterioro de la infraestructura y un personal de seguridad pobremente entrenado contribuyen a estas condiciones brutales. A pesar de muchas fanfarrias, los planes del gobierno para “humanizar” el sistema penitenciario no han significado ninguna mejora notable.

Las propuestas de reforma constitucional
En el 2007, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional propusieron reformas profundas a la Constitución de Venezuela. Las reformas, que incluían 69 enmiendas que abarcaban un rango amplio de temas, hubiesen ampliado los poderes ejecutivos durante los estados de excepción para permitir la suspensión de los derechos del debido proceso (incluyendo garantías esenciales, como el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia), eliminando los límites de tiempo impuestos a los estados de excepción por la Constitución, y eliminando el poder de la Corte Suprema para revisar los decretos que suspenden derechos.

Un aspecto positivo de las reformas era la propuesta de modificar las garantías antidiscriminatorias consagradas por la Constitución, para incluir en ellas a la orientación sexual y la orientación política. Las reformas propuestas fueron derrotadas estrechamente en un referendo nacional en diciembre.

Defensores de los derechos humanos
Aunque los grupos de promoción de los derechos humanos operan en Venezuela sin ninguna restricción legal, el gobierno a menudo cuestiona su legitimidad y trata de bloquear su participación en los foros internacionales de derechos humanos, típicamente sobre la base de que su trabajo es político o que reciben fondos de los Estados Unidos o de otras fuentes financieras extranjeras. En diciembre de 2006 el contralor general escribió a la Organización de Estados Americanos (OEA) objetando la publicación en la página Web de la OEA de un informe de la filial venezolana de Transparencia Internacional sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Venezuela. Debido a las objeciones del gobierno, no le fue permitido a Transparencia Venezuela presentar su informe en la reunión de un panel de expertos de la OEA en junio de 2007.

Algunos defensores de los derechos humanos continúan enfrentando amenazas e intimidaciones. Entre ellos se encuentran María del Rosario Guerrero Gallucci y su esposo, Adolfo Segundo Martínez Barrios, miembros de un grupo de derechos humanos en el estado de Guarico que buscan justicia para las víctimas de los asesinatos en manos de policías. Ambos fueron disparados y heridos por un agente policial en abril de 2006, y según informes, han sido objeto de repetidas amenazas de muerte. En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela adoptar medidas especiales para proteger sus vidas y su integridad física.

Actores internacionales claves
En julio de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) transmitió en vivo una audiencia sobre el caso de siete personas asesinadas durante las protestas que culminaron el 11 de abril de 2002, durante el intento de golpe contra el Presidente Chávez. Al momento de escribir este informe, Venezuela aún no había establecido una fecha para recibir a una misión de la CIDH, que no ha visitado el país desde el 2002. El gobierno ha condicionado la visita a un mea culpa público de parte de la comisión por su supuesta falta al no condenar el golpe de estado en términos claros.

En mayo de 2007, la presidencia de la Unión Europea divulgó una declaración expresando su preocupación por la no renovación de la concesión de transmisión televisiva de RCTV. Los senados de Chile, Brasil, y los Estados Unidos emitieron resoluciones similares, mientras Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua apoyaron la decisión.

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