De primera fuente me ha llegado este relato (se ocultan nombres por razones obvias)
“Yo soy arquitecto y trabajo en una empresa constructora. Esa empresa está a cargo de un proyecto de mejoramiento de viviendas precarias en un Partido del GBA, por dos millones de pesos. No se trata de construir nuevas viviendas, sino de mejorar (baños, cocinas, techos, etc.) las existentes. La Municipalidad, a través de su Dirección de Vivienda maneja las adjudicaciones y la implementación concreta del plan.
Lo primero es la exigencia de un retorno del 30%. O sea, nada de “diegos”, ahora la cosa es un tercio del contrato.
Se supone que va para el Intendente y…más arriba.
Pero lo insólito es lo siguiente. El director de vivienda fue echado. Se lo acusó de quedarse con el 30% y no repartir nada. Desapareció de la vista. Y entonces, a fojas cero: nuevo pedido del 30%, un nuevo 30% que se sumó al ya pagado.
Cada vivienda recibe, en teoría, unos 14000 pesos para reparaciones. En la práctica a cada familia le llegan unos $5000, un tercio de lo estipulado. En el medio: retornos, gastos burocráticos, coimas a sucesivos inspectores, etc.
Ya ni siquiera se guardan las formas ni se actúa con sigilo. No, en plenarios municipales, con decenas de testigos, se acuerdan cantidades y modos de pago. El cobro siempre es anticipado: el primer pago de toda obra es el 30% para la intendencia y sus amigos.
Cuando hay algún “problema” me citan, siempre en lugares alejados de la cede municipal y con la exigencia de que “venga solo”, así el apriete es más siniestro. Me obligan (a fin y al cabo son peronistas “del pueblo”) a poner materiales aun mejores que los del contrato: le roban a la gente, pero después le exigen a la empresa que meta más y mejor calidad de trabajo, para quedar como “defensores del pueblo”. Roban y ganan votos: negocio redondo.”
Hasta ahí el relato.
Conclusiones obvias: un botón de muestra de lo que este régimen de impunidad está generando en todas las reparticiones que manejan obra pública: municipios, provincias, empresas estatales, direcciones nacionales o provinciales de infraestructura, de salud, de educación, de rutas.
Marea pensar que año tras año miles de millones de pesos son tragados por un sistema que financia así sus costosas campañas políticas, realiza operaciones encubiertas, paga buchones, periodistas y policías, destruye pruebas, intimida, corrompe, asusta, desanima, corroe, desgasta, achica, pervierte, denigra, y promete la felicidad del pueblo.
Qué hacer. Por ahora, denunciar cuanto pequeño o gran hecho llegue a nuestros oídos. Como este caso. Qué más. Y votar…a otros.
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